La crisis de migrantes haitianos en las Américas requiere de una respuesta global inmediata

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A continuación difundimos la Declaración del Segundo Foro Migración Haitiana, realizado en la ciudad de Miami el pasado 01 de diciembre de 2017. A este encuentro acudieron el Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar - Pontifica Universidad Javeriana (Colombia), la Red Jesuita con Migrantes para América Latina y el Caribe; y otras organizaciones preocupadas en comprender la complejidad de la migración haitiana y cómo promover la protección de los derechos humanos de esta población.

 

Declaración Segundo Foro Migración Haitiana

Miami, 01 de diciembre de 2017

 

LA CRISIS DE MIGRANTES HAITIANOS EN LAS AMÉRICAS REQUIERE DE UNA RESPUESTA GLOBAL INMEDIATA

 

Nosotras y nosotros, un grupo de organizaciones de derechos humanos, de migrantes, de la Iglesia católica y de la sociedad civil, de entidades universitarias y de organismos internacionales, venimos fortaleciendo una red de incidencia continental orientada a comprender la complejidad de la migración haitiana y promover la protección de los derechos humanos de esta población. Hemos organizado durante este año dos Foros internacionales: el primero, en Cartagena (en Colombia) los días 25 y 26 de mayo; y el segundo en Miami (en los Estados Unidos), los días 30 de noviembre y primero de diciembre.

En la Declaración que hicimos en Cartagena el 26 de mayo de 2017, presentamos un diagnóstico de la preocupante situación de los migrantes haitianos en las Américas que es un ejemplo de la compleja realidad migratoria en el continente y en el mundo. En este segundo Foro, nos sigue preocupando dicha situación, con el agravante de que persiste una ola de criminalización y discriminación contra los migrantes haitianos y el deterioro de los derechos humanos de esta población, debido a recientes decisiones de algunos gobiernos: las políticas anti-inmigrantes y la decisión de la administración de Donald Trump frente al TPS (Estatuto de Protección Temporal), las deportaciones realizadas por las autoridades de las Bahamas, la República Dominicana y otros Estados sin el respeto al debido proceso, los obstáculos que enfrentan para obtener asilo y otras medidas de protección humanitaria en Canadá y una serie de medidas regresivas observadas en el Cono Sur. También hemos identificado algunas buenas prácticas de regularización de migrantes haitianos, como en Brasil y Argentina, y acciones de acogida por parte de autoridades locales.

Nosotras y nosotros, queremos subrayar que Haití no está en condiciones de recibir e integrar a los haitianos deportados, dada la persistencia de los efectos de los sucesivos desastres naturales (terremoto del 2010 y Huracanes Mathew/María del 2016), de la epidemia de cólera que fue introducida al país y la debilidad de la institucionalidad nacional. Retornar de manera forzosa a los haitianos en estas condiciones no hace sino desestabilizar el país y provocar a corto y mediano plazo una intensificación de los fenómenos de trata de personas y de tráfico ilegal de migrantes a través de rutas y formas de migración peligrosas. Por lo tanto, se seguirán incrementando las violaciones de derechos humanos, la vulnerabilidad socioeconómica, la discriminación racial y la agravación de la situación humanitaria en que se encuentra esta población.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los Estados y gobiernos del continente a realizar acciones urgentes integrales y efectivas de protección de migrantes haitianos. La protección a la migración haitiana en el continente debe ser priorizada en el Pacto Global de Migrantes que, además, dé cuenta de las obligaciones de los Estados en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015- 2024) de las Naciones Unidas.

Además de todas las demandas, exigencias y recomendaciones que hicimos en la pasada Declaración de Cartagena en mayo de 2017, en esta ocasión instamos de manera específica a:

  • La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a promover el compromiso estable y duradero con los migrantes haitianos en el marco de los Pactos Globales de migrantes y refugiados que se llevarán a cabo en el 2018.
  • La Organización de los Estados Americanos (OEA) a exhortar, en el plano político y a través de las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a cada uno de sus Estados miembros a implementar acciones inmediatas orientadas a garantizar el derecho a migrar y a rechazar de manera vehemente las decisiones y políticas migratorias de carácter regresivo. La OEA debería desplegar un gran esfuerzo para crear una estrategia continental que busque soluciones duraderas basadas en lLos países del Cono Sur mantengan los esfuerzos multilaterales de apoyo a los derechos de los migrantes haitianos y avancen en los procesos de protección y de ciudadanía latinoamericana basada en derechos humanos. Los países de destino y de transito deben respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes a partir del principio de no devolución. os derechos humanos a favor de todos los migrantes.
  • Todos los Estados y gobiernos del continente a desarrollar políticas públicas de regularización migratoria desde un enfoque de derechos, en donde prime el interés superior de los niños y niñas y el derecho a la reunificación familiar. Dichas políticas deben ser acompañadas de instrumentos y medidas de integración local y acogida en las comunidades receptoras por medio de prácticas incluyentes y antirracistas.
  • La ONU y la comunidad internacional en general a sumar esfuerzos para enfrentar las causas estructurales de la migración forzada en Haití; lo cual incluye por parte de la ONU el cumplimiento de su responsabilidad de reparar el daño cometido por la introducción del cólera y las agresiones sexuales, y continuar con su misión en el país desde un enfoque de acción sin daño.

Finalmente demandamos que:

  1. Todas las políticas y leyes sobre la migración en el continente estén basadas en el marco del derecho internacional y de los derechos humanos, el debido proceso y el principio internacional de la solidaridad.
  2. La Administración de Trump cese su campaña y decisión de acabar i) con el programa del TPS para 59,000 haitianos y también para migrantes de otros países con necesidad de protección, sin legalizar su estatus migratorio y ii) con sus acciones políticas que criminalizan y estigmatizan esta población. Las directrices de devolución y/o deportación son particularmente graves cuando la población lleva años construyendo una vida en un nuevo país, con niños y niñas que han crecido allí. Así, la finalización del TPS constituye una medida violatoria a la integridad de los migrantes haitianos; además, es discriminatoria y racista con la población afro descendiente.
  3. El Congreso de los Estados Unidos apruebe legislación para regularizar el estatus de migrantes haitianos con TPS para que puedan obtener su residencia legal en el país.
  4. La República Dominicana cese las políticas discriminatorias y excluyentes en contra de migrantes haitianos; y restituya de manera plena la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana convertidos en apátridas por la Sentencia 168-13.
  5. Los países de México, Centro América y Región Andina fortalezcan el sistema de prevención a violaciones de derechos humanos de migrantes en tránsito, fenómenos de trata y tráfico, con especial atención a las mujeres, niñas y niños migrantes, y avancen en la construcción o reformas normativas, de política pública y adecuación administrativa para responder con enfoque de derechos a migrantes que buscan acogida en estos países.
  6. Los países del Cono Sur mantengan los esfuerzos multilaterales de apoyo a los derechos de los migrantes haitianos y avancen en los procesos de protección y de ciudadanía latinoamericana basada en derechos humanos. Los países de destino y de transito deben respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes a partir del principio de no devolución.

El continente americano debe ser un ejemplo para el mundo; debemos convertirnos cada vez más en sociedades solidarias, incluyentes y hospitalarias con las y los migrantes. El mundo global del siglo XXI requiere transformaciones reales en materia migratoria; para esto, los Estados y las comunidades deben impulsar procesos económicos, jurídicos y sociales incluyentes con los migrantes. Por todo ello, las Américas deben ser un ejemplo para el mundo en el Pacto Global, donde la prosperidad y las sociedades democráticas solo sean posibles a partir del pleno respeto a los derechos humanos de las y los migrantes.

Suscriben las siguientes personas y entidades: 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Colombia.

Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar - Pontifica Universidad Javeriana.

Facultad de Derecho y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Dayton (Ohio, Estados Unidos), y el Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers' Guild, Estados Unidos).

Red Jesuita con Migrantes para América Latina y el Caribe.

Migration and Refugee Services (MRS) - Estados Unidos.

Washington Office on Latin America (WOLA).

Catholic Legal Services (CLS), Archdiocese of Miami, Inc.

Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNA-México).

Americas Network on Nationality and Statelessness. 

Center for Justice and International Law-CEJIL.

 

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